El Estado que todo lo prevé

Por Santiago Lombardi - Miembro de Nuevas Bases

La reciente presentación del Ministerio de Capital Humano sobre la creación de un "gemelo digital", un sistema de inteligencia artificial diseñado para simular y predecir el impacto de las políticas sociales, obliga a plantear un debate que excede lo puramente administrativo. Es indiscutible que el Estado debe modernizarse, abandonar los vicios de la burocracia del siglo XX es un requerimiento para cualquier país que busque el desarrollo. Sin embargo, antes de celebrar la supuesta eficiencia de estas herramientas, debemos hacernos algunas preguntas de fondo: ¿Qué modelo de control estamos construyendo? ¿Cuál es el límite entre la optimización de recursos y la vigilancia masiva?

Existe una tentación peligrosa en la gestión pública moderna: la ilusión de construir un Estado "anticipatorio" o hiperpersonalizado, capaz de prever las necesidades de cada individuo procesando enormes volúmenes de su información personal. Aunque en la teoría suena a un servicio público de excelencia, en la práctica, someter los aspectos más sensibles de la vida ciudadana a un perfilamiento detallado exige un costo inaceptable en materia de privacidad.

Desde una convicción que defienda las libertades individuales, el Estado no debe aspirar a una intrusión en la vida del ciudadano. La verdadera modernización requiere que el Estado desarrolle una reactividad de mayor eficiencia (la máxima posible). Es decir, la tecnología debe actuar para perfeccionar los mecanismos de respuesta rápida, transparente y procedimental recién cuando el ciudadano lo demanda. Si el objetivo es diseñar políticas sociales justas y precisas, el cruce de datos debe hacerse sobre grandes variables colectivas (segmentos de trabajadores, estudiantes o jubilados), evitando la creación de perfiles individuales que expongan a la población a vulnerabilidades informáticas y abusos de poder.

El contexto global y su reflejo regional no es neutro, y es ahí donde el panorama se vuelve alarmante. El desembarco y la creciente influencia de infraestructuras corporativas como Palantir Technologies exige ojos atentos. No estamos hablando de simples empresas de software que vienen a digitalizar ministerios, sino de corporaciones que surgen de la cooperación con agencias estatales de inteligencia y defensa, que manifiestan abiertamente su objetivo de construir herramientas de poder duro basadas en datos masivos e inteligencia predictiva.

Entregar la estructura de los datos económicos, sociales y demográficos de una nación a plataformas diseñadas para el monitoreo global representa una amenaza directa contra los cimientos de la república liberal. Un Estado que, mediante algoritmos cerrados, conoce y cruza cada movimiento, carencia y consumo de sus habitantes, altera dramáticamente el equilibrio de poder. La línea que separa al servicio público del control social se vuelve invisible.

La tecnología debe ser un catalizador, no un tomador de decisiones. La integración de los sistemas debe orientarse exclusivamente a que las agencias del Estado se comuniquen mejor entre sí, para optimizar el gasto y simplificar los trámites internos, no para montar un panóptico ciudadano. La analítica de datos es excelente para estimar costos o asistir a los legisladores, pero nunca debe suplantar el criterio humano, la prudencia política ni la ética institucional.

Si logramos establecer estos límites de forma estricta, protegiendo la privacidad y garantizando la soberanía de los datos, estaremos ante un verdadero punto de inflexión. Al resolver los problemas operativos básicos mediante la tecnología, el rendimiento de la burocracia del Estado dejará de ser el eje central del debate cotidiano, dando lugar a discusiones que verdaderamente se centren en la resolución de problemáticas ciudadanas.

Esa es la verdadera revolución cultural: liberar la agenda pública de las quejas por ineficiencias estructurales para poder dar, por fin, las discusiones políticas de largo plazo. En un escenario optimista y seguro, el ciudadano no se convertirá en un consumidor pasivo, y monitoreado, de servicios digitales, sino que se podrá transformar en un constructor activo de una república que usa la tecnología para garantizar sus libertades, no para amenazarlas.